En estos tiempos la batalla que instalaron los monopolios mediáticos es un tema de agenda constante, como lo fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien siempre se manifestó en contra de los mismos y luchó por su disolución para que gane la pluralidad de las voces. Sin embargo, hay que tener en cuenta por qué fue posible que hoy existan estas grandes empresas. La Ley de Radiodifusión que rigió hasta el 2009, firmada por el gobierno de facto de Videla y con posteriores modificaciones en el Menemismo, permitió la creación de estos grandes monstruos que hoy siguen latentes e influyen sobre la opinión pública.
La ley de 1980 imposibilita el acceso a una licencia de radiodifusión a cualquier entidad que no tenga un fin meramente comercial o al propio Estado, entre otros artículos que sugieren que el único derecho a la información al que puede aspirar el ciudadano es el de cambiar de canal o de frecuencia. Años más tarde, el ex presidente Carlos Saúl Menem, con las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica, permitió que el poder ejecutivo pueda intervenir las empresas del estado para su posterior privatización ya que se sostenía que de esta forma se garantizaba la pluralidad informativa y la libertad de expresión.
De esta forma, se les permitió a los grandes medios quedarse con canales de televisión y radios que pertenecían al Estado, dando lugar a la formación de grandes empresas mediáticas, como el Grupo Clarín, uno de los ejemplos más claros de la política mediática practicada por poderosos empresarios con estrecha relación con el poder político; y el CEI-Telefónica, que gracias al decreto 830/89 compró Canal 13 y Canal 11. Esta privatización, que fue la primera de llevó a cabo Menem, fue una movida política del ex Presidente, quien necesitaba la aprobación del pueblo tras su asunción y por ende, teniendo estos medios, podía dar una buena imagen.
Los grandes diarios que comenzaron siendo pequeños proyectos familiares con intereses principalmente ideológicos fueron adquiriendo otros diarios e incursionaron en el mercado radiofónico, televisivo, Internet y telefonía, entre otros, provocándose un monopolio mediático que cambió su rumbo inicial para tener intereses totalmente económicos, en el cual unos pocos manejan toda la información. La pluralidad ideológica desaparece, generando desconocimiento, desinformación y menor posibilidad de elección.
De esta forma, la década menemista dejó condicionada la estructura de funcionamiento del sistema de medios con alteraciones sustanciales a favor de los grupos multimedia, quienes se veían favorecidos en todos los aspectos, como también con el recambio gubernamental del ’99, cuando con el proyecto de ley de Radiodifusión que impulsó el gobierno se pretendió consolidar una estructura de propiedad cristalizada donde los monopolios no se verían afectados sino beneficiados.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la Ley de Medios, la cual limitaba las licencias de los monopolios de medios buscando disolverlos y dando así la posibilidad a aquellas voces que no se escuchaban, a Universidades, colectividades aborígenes e iglesias, entre otras, de tener su propio espacio. Sin embargo, con la llegada al poder de Mauricio Macri, la Cámara de Diputados aprobó el decreto que desactivó puntos claves de la Ley y también avaló la creación del ENACOM, el organismo que concentra las funciones del AFSCA y AFTIC. Por lo tanto, esa posibilidad que podían tener aquellos que no suelen escucharse de tener su propio espacio, quedó en el intento y de esta forma las grandes empresas continúan manipulando y mostrando un recorte de la realidad.
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